Banco de preguntas — Ley 39/2015

1. Según el artículo 1 de la Ley 39/2015, ¿cuál es el objeto principal de dicha norma?

• A.Regular solo el procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas.
• B.Regular el régimen jurídico de las Administraciones Públicas y el procedimiento administrativo común.
• C.Regular el procedimiento administrativo común y el ejercicio de la potestad sancionadora exclusivamente.
• D.Regular el procedimiento administrativo común, incluyendo el sancionador y el de responsabilidad patrimonial.✓

Justificación: El objeto de la ley es regular el procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas, incluyendo expresamente el sancionador y el de responsabilidad patrimonial. · Art. 1.1

2. De acuerdo con el ámbito de aplicación de la Ley 39/2015, ¿cuál de los siguientes sujetos NO forma parte del sector público?

• A.Las Entidades que integran la Administración Local.
• B.Las Corporaciones de Derecho Público en el ejercicio de funciones privadas.✓
• C.Las Universidades Públicas.
• D.Las Entidades de Derecho Público vinculadas a la Administración General del Estado.

Justificación: Las Corporaciones de Derecho Público se rigen por esta Ley solo cuando ejercen funciones públicas delegadas, no en sus funciones privadas. · Art. 2.4

3. Solo mediante ley podrán establecerse trámites adicionales o distintos a los contemplados en el procedimiento administrativo común cuando:

• A.Sea necesario por la especialidad de la materia.✓
• B.Lo decida el titular del órgano administrativo competente.
• C.Se trate de un procedimiento de gestión tributaria exclusivamente.
• D.Haya un acuerdo previo del Consejo de Ministros.

Justificación: La ley permite establecer especialidades por razón de la materia mediante norma con rango de ley o reglamentariamente para trámites ejecutivos. · Art. 1.2

4. ¿Tienen las Universidades Públicas la consideración de Administraciones Públicas a efectos de la Ley 39/2015?

• A.No, se consideran sector público pero no Administración Pública.
• B.Sí, están expresamente incluidas en la definición de Administración Pública del artículo 2.3.✓
• C.Solo cuando ejercen potestades administrativas delegadas por el Estado.
• D.No, se rigen exclusivamente por su normativa específica de autonomía universitaria.

Justificación: El artículo 2.3 incluye a las Universidades Públicas dentro de la definición de Administraciones Públicas a efectos de esta Ley. · Art. 2.3

5. En cuanto a los procedimientos administrativos en materia tributaria, ¿qué indica la Ley 39/2015 sobre su aplicación?

• A.Se rigen por la Ley 39/2015 de forma principal y directa.
• B.Se rigen por su normativa específica y supletoriamente por la Ley 39/2015.✓
• C.Están excluidos totalmente del ámbito de aplicación de esta Ley.
• D.Se rigen por la Ley de Contratos del Sector Público.

Justificación: La normativa tributaria actúa como 'lex specialis', aplicándose la Ley 39/2015 de forma supletoria. · Disposición Adicional Primera

6. Respecto a las Entidades de Derecho Privado vinculadas a las Administraciones Públicas, la Ley 39/2015 se aplica:

• A.En todo caso y para toda su actividad.
• B.Nunca, pues se rigen por el derecho privado.
• C.Cuando ejerzan potestades administrativas.✓
• D.Solo en materia de contratación pública.

Justificación: Las entidades de derecho privado quedan sujetas a esta ley específicamente cuando ejercen potestades administrativas. · Art. 2.2.b

7. El Título Preliminar de la Ley 39/2015 se denomina:

• A.De los interesados en el procedimiento.
• B.De la actividad de las Administraciones Públicas.
• C.Disposiciones generales.✓
• D.Del régimen jurídico de las Administraciones Públicas.

Justificación: El Título Preliminar (Artículos 1 y 2) se titula 'Disposiciones generales'. · Título Preliminar

8. ¿Qué norma regula los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos según el objeto de la Ley 39/2015?

• A.La Ley 40/2015.
• B.La propia Ley 39/2015.✓
• C.La Constitución Española únicamente.
• D.La Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Justificación: El artículo 1.1 establece expresamente que la ley contiene las normas de los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos. · Art. 1.1

9. En el Sector Público Institucional, ¿quiénes tienen la consideración de Administraciones Públicas según el artículo 2.3?

• A.Exclusivamente los organismos públicos vinculados a la Administración Local.
• B.Los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas.✓
• C.Todas las empresas públicas de titularidad estatal.
• D.Solo las fundaciones del sector público.

Justificación: Tienen la consideración de Administración Pública los organismos y entidades de derecho público del sector público institucional. · Art. 2.3

10. Para que un trámite 'ejecutivo' pueda crearse reglamentariamente como especialidad del procedimiento, ¿qué requisito exige el artículo 1.2?

• A.Un dictamen favorable del Consejo de Estado.
• B.Que no exista una ley que lo prohíba expresamente.
• C.Que sea necesario para la eficacia de las actuaciones o por la complejidad del grupo social.
• D.Que se motive la insuficiencia del procedimiento común para lograr los fines públicos.✓

Justificación: Reglamentariamente se pueden establecer especialidades de trámites ejecutivos motivando la insuficiencia del procedimiento común. · Art. 1.2

11. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el ámbito de aplicación subjetivo es FALSA?

• A.Se aplica a la Administración General del Estado.
• B.Se aplica a las Administraciones de las Comunidades Autónomas.
• C.Se aplica a las Cortes Generales en su actividad administrativa de forma directa.✓
• D.Se aplica a las entidades del sector público institucional.

Justificación: A las Cortes Generales y otros órganos constitucionales se les aplica su normativa específica, siendo esta ley supletoria en su actividad administrativa, pero no son 'Administración Pública' stricto sensu en el art 2. · Art. 2.1

12. La Ley 39/2015 establece que el procedimiento administrativo común debe garantizar:

• A.El principio de autonomía financiera de las CCAA.
• B.La libertad de pactos entre Administración y administrado.
• C.El tratamiento equitativo de los interesados ante las Administraciones Públicas.✓
• D.La celeridad, incluso por encima de las garantías de los interesados.

Justificación: El artículo 1.1 señala que la ley garantiza el tratamiento equitativo de los interesados ante las Administraciones Públicas. · Art. 1.1

1. Según el artículo 3 de la Ley 39/2015, ¿tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico?

• A.No, en ningún caso, deben actuar siempre representados.
• B.Sí, siempre que cuenten con la autorización expresa de sus padres o tutores.
• C.Sí, sin necesidad de la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela.✓
• D.Solo si son mayores de 16 años y están emancipados.

Justificación: El artículo 3.b) reconoce capacidad de obrar a los menores para defender derechos que el ordenamiento les permite ejercer sin asistencia. · Art. 3.b

2. En el marco de un procedimiento administrativo, ¿quiénes se consideran interesados según el artículo 4 de la Ley 39/2015?

• A.Únicamente quienes promuevan el procedimiento como titulares de derechos.
• B.Quienes lo promuevan, quienes tengan derechos que puedan resultar afectados y quienes tengan intereses legítimos que puedan resultar afectados y se personen.✓
• C.Cualquier ciudadano español que tenga conocimiento de la existencia de un procedimiento.
• D.Solo las personas físicas o jurídicas que tengan capacidad de obrar.

Justificación: La ley define tres categorías: promotores, titulares de derechos afectados y titulares de intereses legítimos personados. · Art. 4.1

3. Cuando la condición de interesado derivase de alguna relación jurídica transmisible, ¿en qué posición queda el derechohabiente respecto al procedimiento?

• A.Deberá iniciar un nuevo procedimiento desde el principio.
• B.Sucederá en tal condición de interesado cualquiera que sea el estado del procedimiento.✓
• C.Solo podrá suceder al interesado si el procedimiento está en fase de instrucción.
• D.La condición de interesado es personalísima y no se transmite en ningún caso.

Justificación: El artículo 4.3 permite la sucesión procesal en relaciones jurídicas transmisibles independientemente del estado del procedimiento. · Art. 4.3

4. ¿Qué documento es necesario para acreditar la representación por medios electrónicos mediante apoderamiento 'apud acta'?

• A.Escritura pública notarial obligatoriamente.
• B.Firma electrónica del representante únicamente.
• C.Comparecencia electrónica en la correspondiente sede electrónica o a través de los registros electrónicos.✓
• D.Un contrato de mandato privado debidamente liquidado de impuestos.

Justificación: El apoderamiento apud acta se puede realizar por comparecencia personal o por comparecencia electrónica en la sede. · Art. 5.4

5. Para los actos y gestiones de mero trámite en un procedimiento administrativo, se presume que existe representación siempre que el representante sea:

• A.Un abogado o gestor administrativo colegiado.
• B.Un funcionario público en el ejercicio de sus funciones.
• C.Cualquier persona con capacidad de obrar.✓
• D.Un familiar de primer grado de consanguinidad.

Justificación: La Ley 39/2015 establece que para actos de mero trámite la representación se presume. · Art. 5.3

6. Si en una solicitud presentada ante la Administración no se acredita la representación técnica o legal necesaria para actuar, ¿qué consecuencia jurídica se deriva según el artículo 5.6?

• A.La inadmisión inmediata de la solicitud sin más trámites.
• B.La nulidad de pleno derecho de todo lo actuado hasta ese momento.
• C.El órgano competente requerirá la subsanación otorgando un plazo de diez días.✓
• D.Se tendrá por desistido al interesado sin necesidad de requerimiento previo.

Justificación: La falta o insuficiencia de acreditación de la representación es subsanable en el plazo de diez días o superior si las circunstancias lo requieren. · Art. 5.6

7. En el caso de que una solicitud sea formulada por varios interesados en un único documento, ¿a quién se dirigirán las actuaciones de la Administración si no se indica expresamente un destinatario?

• A.A todos los firmantes de forma individual.
• B.Al representante que hayan designado y, en su defecto, al que figure en primer término.✓
• C.Únicamente al que tenga la firma electrónica de mayor nivel.
• D.Al interesado con mayor capacidad de obrar.

Justificación: Por defecto, las actuaciones se dirigen con el representante o el interesado que figure en primer término. · Art. 7

8. ¿Cuál es la vigencia máxima inicial de los asientos de apoderamiento en los registros electrónicos de apoderamientos de las Administraciones Públicas?

• A.Un año, prorrogable por periodos iguales.
• B.Diez años, salvo que el poderdante indique un plazo superior.
• C.Cinco años, a contar desde la fecha de inscripción.✓
• D.Indefinida, mientras no se produzca la revocación por el poderdante.

Justificación: La vigencia máxima de la inscripción de los poderes es de cinco años. · Art. 6.4

9. Respecto a los Registros electrónicos de apoderamientos, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

• A.Cada Administración debe tener su propio registro, siendo opcional su interoperabilidad.
• B.Los registros deben ser interoperables entre sí, garantizando su interconexión.✓
• C.Solo la Administración General del Estado está obligada a tener registro de apoderamientos.
• D.No se permite la inscripción de poderes generales para cualquier actuación administrativa.

Justificación: La ley exige la interoperabilidad para que un poder otorgado ante una Administración sea válido ante otras. · Art. 6.2

10. De acuerdo con el artículo 4.2, si durante la instrucción de un procedimiento que no ha sido publicitado se advierte la existencia de personas que tengan derechos que puedan resultar afectados:

• A.Se debe publicar el procedimiento en el Boletín Oficial del Estado.
• B.Se debe comunicar a dichas personas la tramitación del procedimiento.✓
• C.Se debe suspender el procedimiento hasta que dichas personas se personen de oficio.
• D.No es necesario hacer nada, pues el deber de personarse recae exclusivamente en el interesado.

Justificación: La Administración tiene el deber de comunicar la tramitación a aquellos interesados identificados cuyos derechos puedan verse afectados. · Art. 4.2

11. Un poder otorgado 'para cualquier actuación administrativa ante cualquier Administración' se clasifica legalmente como:

• A.Poder general.✓
• B.Poder especial.
• C.Poder de representación técnica.
• D.Poder orgánico.

Justificación: El artículo 6.4.a) define el poder general como aquel que permite actuar en cualquier actuación y ante cualquier Administración. · Art. 6.4

12. ¿Pueden los grupos de afectados, sin personalidad jurídica, tener la consideración de interesados en el procedimiento administrativo?

• A.No, la ley exige personalidad jurídica física o jurídica en todo caso.
• B.Sí, pero solo en procedimientos sancionadores.
• C.Sí, cuando la Ley así lo declare expresamente.✓
• D.Solo si están compuestos íntegramente por personas jurídicas.

Justificación: La ley otorga capacidad de obrar y condición de interesado a grupos de afectados o entidades sin personalidad cuando una ley lo prevea. · Art. 3.c

1. Según el artículo 13 de la Ley 39/2015, ¿cuál de los siguientes no es un derecho de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas?

• A.A ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones Públicas.
• B.A obtener una copia sellada de los documentos originales que presenten.✓
• C.A no presentar documentos originales salvo que la normativa reguladora aplicable establezca lo contrario con carácter excepcional.
• D.A ser tratados con deferencia por las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones Públicas.

Justificación: El derecho correcto según el artículo 13.g es a obtener copia sellada de los documentos 'presentados', no necesariamente de los originales, y la Ley matiza que se tiene derecho a no aportar documentos originales salvo excepciones. · Art. 13

2. En cuanto a la lengua de los procedimientos, si estos son tramitados por la Administración General del Estado con sede en el territorio de una Comunidad Autónoma con lengua cooficial:

• A.Se tramitarán siempre en castellano.
• B.Se tramitarán siempre en la lengua cooficial.
• C.Los interesados podrán elegir la lengua en que se dirijan a la Administración.✓
• D.La Administración elegirá la lengua de tramitación atendiendo a la economía procesal.

Justificación: El artículo 15 establece que los interesados podrán elegir la lengua en la que se dirijan a la Administración General del Estado cuando esta radique en territorio con lengua cooficial. · Art. 15.1

3. Cuando en un procedimiento existan varios interesados, las actuaciones administrativas se efectuarán:

• A.Con todos ellos simultáneamente.
• B.Con el representante o interesado que expresamente hayan designado, y en su defecto, con el que figure en primer término.✓
• C.Siempre con el que figure en primer término en la solicitud.
• D.Con el que acredite mayor capacidad de obrar.

Justificación: La ley establece un orden de prelación para la comunicación: primero el designado expresamente y, si no lo hay, el que figure primero en la lista. · Art. 7

4. Si una Administración Pública requiere a un interesado para que subsane una falta en su solicitud, ¿de qué plazo dispone este último?

• A.Diez días, ampliables discrecionalmente por la Administración en cinco días más.
• B.Diez días, ampliables en cinco días cuando la aportación de los documentos requeridos presente dificultades especiales.✓
• C.Quince días naturales.
• D.Cinco días hábiles.

Justificación: El plazo general de subsanación es de diez días, pudiendo ser ampliado hasta cinco días más si el requerimiento presenta dificultades especiales. · Art. 68.1

5. ¿Qué sujetos están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo?

• A.Únicamente las personas jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica.
• B.Las personas físicas que desarrollen una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen en ejercicio de dicha actividad.✓
• C.Cualquier ciudadano que disponga de conexión a internet en su domicilio.
• D.Solo los empleados de las Administraciones Públicas en sus trámites personales.

Justificación: El artículo 14.2 detalla los sujetos obligados, incluyendo a los profesionales de colegiación obligatoria para trámites en ejercicio de su actividad profesional. · Art. 14.2

6. Respecto al derecho de acceso a archivos y registros, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta según el Título II de la Ley 39/2015?

• A.El derecho de acceso a la información pública se rige por lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.✓
• B.El derecho de acceso es absoluto y no admite límites por razones de seguridad nacional.
• C.Solo tienen derecho de acceso quienes ostenten la condición de interesados en el procedimiento.
• D.El acceso a los documentos obrantes en procedimientos terminados es gratuito en todos los casos.

Justificación: La Ley 39/2015 remite expresamente a la Ley 19/2013 para el ejercicio del derecho de acceso a archivos y registros. · Art. 13.d

7. En un procedimiento tramitado en lengua cooficial, si el documento debe surtir efectos fuera de la Comunidad Autónoma, la Administración deberá:

• A.Denegar el efecto del documento fuera de su territorio.
• B.Traducir el documento al castellano íntegramente.✓
• C.Traducir solo la parte dispositiva o resolución.
• D.Solicitar al interesado que aporte una traducción jurada.

Justificación: Los documentos deben ser traducidos al castellano por la Administración instructora si han de surtir efectos fuera del territorio de la Comunidad Autónoma con lengua cooficial. · Art. 15.2

8. Señala la respuesta FALSA en relación con el registro electrónico de apoderamientos:

• A.Los apoderamientos inscritos en el registro tendrán una validez determinada, no superior a cinco años.
• B.Los poderes podrán ser otorgados mediante comparecencia electrónica en la sede electrónica correspondiente.
• C.Las Administraciones Públicas podrán obligar a los ciudadanos a inscribirse en el registro de apoderamientos para actuar por medio de representante.✓
• D.Los poderes pueden ser revocados o prorrogados en cualquier momento antes de la finalización de su plazo de vigencia.

Justificación: La inscripción en el registro de apoderamientos es un derecho/facultad para facilitar la representación, pero no una obligación general imponible discrecionalmente más allá de los supuestos legales. · Art. 6

9. Si un interesado no está obligado a la relación electrónica pero elige voluntariamente comunicarse por este medio, ¿puede cambiar el medio de comunicación posteriormente?

• A.No, una vez elegido el medio electrónico debe mantenerse hasta la finalización del procedimiento.
• B.Sí, podrá modificarlo en cualquier momento.✓
• C.Sí, pero solo si la Administración lo autoriza expresamente por causas justificadas.
• D.No, salvo que acredite que ya no dispone de medios tecnológicos adecuados.

Justificación: El artículo 14.1 establece que las personas físicas podrán elegir y 'asimismo modificar en cualquier momento' el medio de comunicación elegido. · Art. 14.1

10. En cuanto a los registros, cada Administración dispondrá de un Registro Electrónico General. Los asientos se anotarán respetando:

• A.El orden de llegada de las solicitudes, independientemente de su formato.
• B.El orden de salida de las resoluciones administrativas.
• C.El orden temporal de recepción o salida de los documentos, indicando la fecha y hora oficial.✓
• D.Prioridad absoluta a los documentos presentados por personas jurídicas.

Justificación: Los registros deben garantizar la constancia de la entrada y salida mediante el orden temporal de recepción o envío y la fecha y hora oficial. · Art. 16.3

11. ¿Qué ocurre si un interesado obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración presenta una solicitud de forma presencial?

• A.La solicitud se considerará nula de pleno derecho.
• B.La Administración la tramitará, pero impondrá una sanción económica al interesado.
• C.La Administración requerirá al interesado para que la subsane a través de su presentación electrónica, considerándose fecha de presentación el día en que se realizó de forma presencial.
• D.La Administración requerirá al interesado para que la subsane a través de su presentación electrónica, considerándose fecha de presentación el día en que se realice la subsanación.✓

Justificación: Es una de las novedades de la Ley 39/2015: si un obligado presenta presencialmente, debe subsanar electrónicamente y la fecha válida es la de la subsanación. · Art. 68.4

12. Sobre la identificación y firma de los interesados, ¿cuál de las siguientes opciones es correcta?

• A.La firma es obligatoria para cualquier actuación administrativa, incluida la mera petición de información.
• B.Las Administraciones Públicas solo pueden admitir sistemas de firma electrónica avanzada.
• C.Los interesados podrán identificarse electrónicamente ante las Administraciones Públicas a través de sistemas de clave concertada y otros sistemas que establezcan las Administraciones.✓
• D.La identificación es suficiente para formular solicitudes y desistir de acciones, no siendo necesaria la firma en ningún caso.

Justificación: El artículo 9 permite sistemas de identificación basados en claves concertadas y otros sistemas, siempre que cuenten con registro previo y cumplan ciertos requisitos. · Art. 9.2

1. Según el artículo 34 de la Ley 39/2015, los actos administrativos que se dicten por las Administraciones Públicas:

• A.Deberán ser siempre por escrito, sin excepción alguna.
• B.Se producirán por el órgano competente ajustándose a los requisitos y al procedimiento establecido.✓
• C.Serán siempre nulos si no van precedidos del preceptivo dictamen del Consejo de Estado.
• D.Solo podrán dictarse de oficio por el órgano superior jerárquico.

Justificación: El artículo 34 establece que los actos se producirán por el órgano competente ajustándose a los requisitos y al procedimiento establecido, permitiendo además formas distintas a la escrita cuando la naturaleza del acto lo exija. · Art. 34.1

2. ¿En cuál de los siguientes supuestos es obligatoria la motivación de los actos administrativos?

• A.En los actos que se dicten en el ejercicio de potestades regladas.
• B.En los actos que pongan fin a la vía administrativa.
• C.En los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos.✓
• D.En los actos que confirmen actos anteriores interpuestos en vía de recurso.

Justificación: El artículo 35.1.a) exige taxativamente la motivación para aquellos actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos. · Art. 35.1.a

3. Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos:

• A.Desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa.✓
• B.Desde el momento de su publicación en el Boletín Oficial correspondiente.
• C.Transcurridos quince días hábiles desde su firma.
• D.Únicamente cuando hayan sido notificados personalmente al interesado.

Justificación: La ley establece la presunción de validez y la eficacia inmediata desde la fecha de su firma o emisión, con las excepciones legales previstas. · Art. 39.1

4. La eficacia de un acto administrativo quedará demorada cuando:

• A.Así lo exija el contenido del acto o esté supeditada a su notificación o publicación.✓
• B.Se trate de un acto favorable para el interesado.
• C.El acto haya sido dictado por una autoridad delegada.
• D.No se haya interpuesto recurso de alzada en el plazo de 10 días.

Justificación: El artículo 39.2 establece que la eficacia queda demorada cuando el contenido del acto lo exija o esté supeditada a su notificación, publicación o aprobación superior. · Art. 39.2

5. Son nulos de pleno derecho los actos de las Administraciones Públicas que:

• A.Incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder.
• B.Sean dictados fuera del plazo establecido por la norma reguladora.
• C.Tengan un contenido imposible.✓
• D.Presenten un defecto de forma que impida al acto alcanzar su fin.

Justificación: El contenido imposible es una de las causas tasadas de nulidad de pleno derecho recogidas en el artículo 47.1. · Art. 47.1.c

6. ¿Qué sanción jurídica merece un acto administrativo dictado por un órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio?

• A.Anulabilidad.
• B.Nulidad de pleno derecho.✓
• C.Irregularidad no invalidante.
• D.Inexistencia jurídica.

Justificación: La incompetencia manifiesta por razón de la materia o del territorio es causa de nulidad de pleno derecho según el artículo 47.1.b). · Art. 47.1.b

7. Un acto administrativo que incurra en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluida la desviación de poder, es:

• A.Nulo de pleno derecho.
• B.Anulable.✓
• C.Nulo radical.
• D.Válido, pero sujeto a revocación por oportunidad.

Justificación: La regla general para infracciones del ordenamiento jurídico que no estén en el catálogo de nulidad es la anulabilidad. · Art. 48.1

8. El defecto de forma solo determinará la anulabilidad de un acto cuando:

• A.El acto sea dictado por un funcionario interino.
• B.No se haya utilizado el modelo normalizado de solicitud.
• C.Carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o produzca indefensión a los interesados.✓
• D.Se haya omitido cualquier informe no preceptivo.

Justificación: Los defectos de forma son, por defecto, irregularidades no invalidantes, salvo que impidan alcanzar el fin del acto o generen indefensión real. · Art. 48.2

9. Si un acto administrativo nulo o anulable contiene los elementos constitutivos de otro distinto surtirá los efectos de este último. ¿Cómo se denomina este fenómeno?

• A.Convalidación.
• B.Conservación.
• C.Conversión.✓
• D.Transmisión.

Justificación: La conversión permite que un acto inválido produzca efectos de otro distinto si contiene sus elementos esenciales. · Art. 50

10. Respecto a la convalidación de actos anulables, si el vicio consistiera en la falta de alguna autorización, el acto podrá ser convalidado mediante:

• A.La retroacción de actuaciones al momento del error.
• B.El otorgamiento de la autorización por el órgano competente.✓
• C.La ratificación por parte del interesado.
• D.La subsanación de la firma en el registro electrónico.

Justificación: El artículo 52.3 especifica que si el vicio es falta de autorización, la convalidación se produce al otorgarse dicha autorización. · Art. 52.3

11. En la Administración General del Estado, la competencia para convalidar un acto anulable por vicio de incompetencia jerárquica no determinante de nulidad corresponde:

• A.Al mismo órgano que dictó el acto.
• B.Al órgano superior jerárquico del que dictó el acto.✓
• C.Al Ministro del Departamento correspondiente en todo caso.
• D.Al Consejo de Ministros exclusivamente.

Justificación: Si el vicio consiste en incompetencia no determinante de nulidad (jerárquica), la convalidación podrá realizarse por el órgano superior jerárquico. · Art. 52.2

12. El órgano que declare la nulidad o anule las actuaciones dispondrá siempre la conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido:

• A.Sea favorable al interesado y no haya sido impugnado.
• B.Hubiera permanecido igual de no haberse cometido la infracción.✓
• C.Tenga una antigüedad superior a seis meses.
• D.Haya sido dictado por un órgano con competencia territorial.

Justificación: El principio de conservación de actos establece que deben mantenerse los trámites cuyo contenido se habría mantenido idéntico sin la infracción cometida. · Art. 51

1. Según el artículo 54 de la Ley 39/2015, ¿cuál de las siguientes opciones describe correctamente una de las formas de iniciación del procedimiento administrativo?

• A.Únicamente por solicitud de persona interesada.
• B.De oficio por el órgano competente o a solicitud de persona interesada.✓
• C.Siempre de oficio por orden del superior jerárquico.
• D.Por denuncia obligatoria de cualquier ciudadano.

Justificación: El artículo 54 establece que los procedimientos podrán iniciarse de oficio o a solicitud del interesado. · Art. 54

2. En el marco de la iniciación de oficio, se entiende por 'petición razonada':

• A.La propuesta de inicio formulada por el interesado ante el órgano competente.
• B.La orden dada por un superior jerárquico al órgano competente para que inicie el procedimiento.
• C.La propuesta de inicio formulada por cualquier órgano administrativo que no tiene competencia para iniciar el procedimiento.✓
• D.La comunicación de hechos que podrían justificar la iniciación por parte de un particular.

Justificación: El artículo 58 define la petición razonada como la propuesta de inicio de un órgano que carece de competencia para la iniciación pero ha tenido conocimiento de las circunstancias. · Art. 58.1

3. ¿Qué plazo tiene un interesado para subsanar una solicitud que no reúne los requisitos exigidos, una vez realizado el requerimiento por la Administración?

• A.Cinco días hábiles.
• B.Diez días naturales.
• C.Diez días hábiles, ampliables discrecionalmente por otros diez.
• D.Diez días hábiles, ampliables en cinco días si la aportación presenta dificultades especiales.✓

Justificación: El artículo 68.1 establece un plazo de diez días para subsanar, el cual podrá ser ampliado hasta en cinco días a petición del interesado o iniciativa del órgano bajo ciertas condiciones. · Art. 68.1

4. De acuerdo con el artículo 72, sobre la acumulación de procedimientos, ¿cuál de estas afirmaciones es correcta?

• A.El órgano administrativo podrá disponer la acumulación de procedimientos que guarden identidad sustancial o íntima conexión.✓
• B.Contra el acuerdo de acumulación podrá interponerse recurso de alzada.
• C.La acumulación solo puede realizarse a instancia de todos los interesados de los procedimientos afectados.
• D.La acumulación interrumpe los plazos de resolución de los expedientes originales.

Justificación: El órgano administrativo puede acumular procedimientos con identidad sustancial o íntima conexión, y contra el acuerdo no cabe recurso alguno. · Art. 72

5. En relación con las medidas provisionales reguladas en el artículo 56, ¿cuál es el plazo máximo para iniciar el procedimiento una vez adoptadas dichas medidas antes de la iniciación?

• A.Diez días.
• B.Quince días.✓
• C.Veinte días.
• D.Treinta días.

Justificación: Las medidas provisionales previas deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a su adopción. · Art. 56.2

6. Sobre la fase de instrucción, ¿cuál de las siguientes opciones describe correctamente la carga de la prueba en el procedimiento administrativo?

• A.Los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento deberán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en Derecho.✓
• B.La Administración solo puede utilizar pruebas documentales públicas.
• C.Solo se abrirá periodo de prueba si lo solicitan todos los interesados.
• D.El periodo de prueba no podrá ser superior a diez días en ningún caso.

Justificación: El artículo 77 establece que los hechos pueden acreditarse mediante cualquier medio de prueba admisible en Derecho. · Art. 77.1

7. En el trámite de audiencia, el plazo otorgado a los interesados para presentar alegaciones y documentos no podrá ser:

• A.Superior a quince días ni inferior a diez.✓
• B.Superior a diez días ni inferior a cinco.
• C.Superior a treinta días ni inferior a quince.
• D.Superior a diez días en procedimientos de urgencia.

Justificación: El artículo 82.2 establece que el plazo para el trámite de audiencia será no inferior a diez días ni superior a quince. · Art. 82.2

8. ¿Cuándo podrá prescindirse del trámite de audiencia en el procedimiento administrativo común?

• A.Cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado.✓
• B.Siempre que el procedimiento sea de tramitación simplificada.
• C.Cuando el acto administrativo sea favorable al interesado y no existan terceros personados.
• D.En ningún caso, es un trámite esencial cuya omisión siempre causa indefensión y nulidad.

Justificación: Según el artículo 82.4, se puede prescindir de la audiencia si no se van a tener en cuenta más hechos o pruebas que las aportadas por el propio interesado. · Art. 82.4

9. Los informes solicitados por el órgano instructor a otros órganos, con carácter general y salvo disposición legal en contrario, serán:

• A.Facultativos y vinculantes.
• B.Preceptivos y no vinculantes.
• C.Facultativos y no vinculantes.✓
• D.Preceptivos y vinculantes.

Justificación: Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán facultativos y no vinculantes según el artículo 80.1. · Art. 80.1

10. Si un informe preceptivo no es emitido en el plazo señalado, ¿qué consecuencia puede derivarse según el artículo 80.3?

• A.Se interrumpirá necesariamente el cómputo de los plazos para resolver.
• B.Se considerará que el sentido del informe es favorable (silencio positivo).
• C.Se podrán proseguir las actuaciones, salvo que se trate de un informe preceptivo determinante para la resolución.✓
• D.Se producirá la caducidad inmediata del procedimiento por paralización imputable a la Administración.

Justificación: De no emitirse el informe en plazo, se podrán proseguir las actuaciones, salvo en el caso de informes preceptivos que sean determinantes para la resolución, en cuyo caso se podrá interrumpir el plazo para resolver. · Art. 80.3

11. Sobre la finalización del procedimiento por caducidad en procedimientos iniciados a solicitud del interesado:

• A.Se producirá por la mera inactividad de la Administración durante tres meses.
• B.Se producirá cuando el procedimiento se paralice por causa imputable al interesado, si transcurren tres meses sin que este realice las actividades necesarias.✓
• C.La caducidad por sí sola produce la prescripción de las acciones del interesado.
• D.La Administración no está obligada a dictar resolución expresa si el procedimiento ha caducado.

Justificación: El artículo 95 describe que la caducidad se produce por inactividad del interesado durante tres meses tras la advertencia de la Administración, aunque no implica la prescripción de la acción. · Art. 95

12. En la tramitación simplificada del procedimiento administrativo común, ¿cuál es el plazo máximo para resolver y notificar la resolución desde que se notificó la adopción de dicha tramitación?

• A.15 días.
• B.20 días.
• C.30 días.✓
• D.45 días.

Justificación: El artículo 96.6 establece que los procedimientos tramitados de forma simplificada deberán ser resueltos en treinta días a contar desde el siguiente a aquel en que se notifique el acuerdo de tramitación simplificada. · Art. 96.6

1. De acuerdo con el artículo 106.1 de la Ley 39/2015, las Administraciones Públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, siempre que:

• A.Concurra cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluida la desviación de poder.
• B.Se trate de actos anulables que lesionen el interés público.
• C.Concurra alguno de los supuestos de nulidad de pleno derecho previstos en el artículo 47.1.✓
• D.Hayan transcurrido menos de cuatro años desde que se dictó el acto objeto de revisión.

Justificación: La revisión de oficio de actos nulos requiere que concurra algún supuesto de nulidad de pleno derecho del art. 47.1 y que el acto sea firme o agote la vía administrativa. · Art. 106.1

2. Para que proceda la declaración de nulidad de un acto administrativo en vía de revisión de oficio, ¿qué requisito procedimental es preceptivo y determinante?

• A.El informe previo de la Abogacía del Estado.
• B.El dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma.✓
• C.La previa declaración de lesividad para el interés público.
• D.La comunicación previa al Defensor del Pueblo.

Justificación: El dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente debe ser previo y favorable para declarar la nulidad de oficio. · Art. 106.1

3. En el procedimiento de revisión de oficio de actos nulos iniciado a solicitud del interesado, si transcurren tres meses desde su inicio sin dictarse resolución, ¿cuál es el efecto del silencio administrativo?

• A.Se entenderá estimado por silencio positivo.
• B.Se entenderá desestimado por silencio negativo.✓
• C.Se producirá la caducidad del procedimiento.
• D.Se abrirá un plazo adicional de 15 días para resolver de forma obligatoria.

Justificación: En los procedimientos de revisión de oficio iniciados a solicitud del interesado, el vencimiento del plazo máximo sin resolución permite entender desestimada la pretensión. · Art. 106.5

4. Las Administraciones Públicas podrán declarar lesivos para el interés público los actos favorables para los interesados que sean anulables, a fin de proceder a su posterior impugnación ante:

• A.El órgano superior jerárquico del que dictó el acto.
• B.El Tribunal Constitucional.
• C.La jurisdicción contencioso-administrativa.✓
• D.El Pleno de la Corporación Local exclusivamente.

Justificación: La declaración de lesividad es el presupuesto procesal para que la Administración pueda impugnar sus propios actos anulables ante los tribunales. · Art. 107.1

5. ¿Qué plazo tiene la Administración para declarar la lesividad de un acto anulable?

• A.Cuatro años desde que se dictó el acto administrativo.✓
• B.Un año desde que se dictó el acto administrativo.
• C.Cinco años desde que el acto fue firme.
• D.No hay plazo, puede hacerse en cualquier momento.

Justificación: La declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos cuatro años desde que se dictó el acto administrativo. · Art. 107.2

6. La rectificación de errores materiales, de hecho o aritméticos por parte de las Administraciones Públicas:

• A.Solo puede realizarse de oficio dentro del plazo de un año.
• B.Puede realizarse en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados.✓
• C.Requiere dictamen previo del Consejo de Estado si el acto es favorable.
• D.Solo puede realizarse si el error es de derecho.

Justificación: La rectificación de errores materiales o de hecho no está sujeta a plazo y puede hacerse en cualquier momento. · Art. 109.2

7. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a la suspensión de la ejecución del acto objeto de una revisión de oficio?

• A.La ejecución se suspende automáticamente al iniciarse el procedimiento de revisión.
• B.El órgano competente para resolver podrá suspender la ejecución si esta pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación.✓
• C.Solo el Juez de lo Contencioso-Administrativo puede suspender la ejecución.
• D.La suspensión solo procede si el interesado presta caución suficiente.

Justificación: El órgano competente para resolver puede suspender la ejecución cuando esta pueda causar perjuicios de reparación imposible o difícil. · Art. 108

8. Contra la resolución de un recurso de alzada:

• A.Cabe interponer un nuevo recurso de alzada ante el mismo órgano.
• B.No cabe ningún otro recurso administrativo, salvo el extraordinario de revisión en los casos del art. 125.1.✓
• C.Cabe interponer recurso de reposición en el plazo de un mes.
• D.Cabe interponer recurso de queja.

Justificación: Contra la resolución de un recurso de alzada no cabe ningún otro recurso administrativo, salvo el extraordinario de revisión. · Art. 122.3

9. Si un acto administrativo no agota la vía administrativa, ¿qué recurso debe interponerse antes de acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa?

• A.Recurso de reposición.
• B.Recurso de alzada.✓
• C.Recurso extraordinario de revisión.
• D.Ninguno, se puede acudir directamente a la vía judicial.

Justificación: El recurso de alzada es el que debe interponerse contra actos que no agotan la vía administrativa para poder impugnarlos judicialmente. · Art. 121.1

10. El plazo para interponer el recurso extraordinario de revisión cuando el acto se dictó como consecuencia de prevaricación, cohecho o violencia declarada en sentencia judicial firme es de:

• A.Un mes desde que se dictó la sentencia.
• B.Tres meses desde que la sentencia quedó firme.✓
• C.Tres meses desde que se tuvo conocimiento de los documentos.
• D.Cuatro años desde que se dictó el acto.

Justificación: En los casos de los apartados 2, 3 y 4 del art. 125.1, el plazo es de tres meses a contar desde que la sentencia quedó firme. · Art. 125.2

11. En el recurso de reposición, si el interesado interpone el recurso de forma expresa, ¿cuál es el plazo máximo para dictar y notificar la resolución?

• A.Tres meses.
• B.Diez días.
• C.Un mes.✓
• D.Dos meses.

Justificación: El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso de reposición es de un mes. · Art. 124.2

12. Según el artículo 110 de la Ley 39/2015, las facultades de revisión de oficio no podrán ser ejercitadas cuando por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio resulte:

• A.Contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes.✓
• B.Perjudicial para los presupuestos de la Administración General del Estado.
• C.Innecesario por existir una vía judicial abierta.
• D.Contrario a los principios de eficiencia y transparencia administrativa.

Justificación: Este artículo establece los límites a la revisión de oficio basados en la equidad, buena fe, derechos de particulares o leyes. · Art. 110

1. Según el artículo 129 de la Ley 39/2015, ¿cuál de los siguientes no es un principio de buena regulación?

• A.Eficiencia
• B.Seguridad jurídica
• C.Transparencia
• D.Jerarquía normativa✓

Justificación: El artículo 129.1 enumera los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia; la jerarquía normativa es un principio general pero no se cita en este listado específico. · Art. 129.1

2. En virtud del principio de proporcionalidad, las iniciativas normativas que impongan restricciones de derechos o impongan obligaciones a los ciudadanos deben:

• A.Prever siempre una sanción en caso de incumplimiento
• B.Justificarse en la insuficiencia de otras medidas menos restrictivas✓
• C.Ser aprobadas por mayoría cualificada del órgano competente
• D.Publicarse en el Boletín Oficial del Estado con tres meses de antelación

Justificación: El principio de proporcionalidad exige que la iniciativa contenga la regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir, tras constatar que no existen otras medidas menos restrictivas. · Art. 129.3

3. ¿Qué instrumento deben aprobar anualmente las Administraciones Públicas para asegurar la congruencia de las iniciativas normativas con los objetivos de gobierno?

• A.El Libro Blanco sobre Regulación
• B.El Inventario Nacional de Normas
• C.El Plan Anual Normativo✓
• D.La Memoria de Análisis de Impacto Normativo

Justificación: Las Administraciones Públicas deben aprobar un Plan Anual Normativo que contenga las iniciativas legales o reglamentarias que vayan a ser elevadas para su aprobación en el año siguiente. · Art. 132

4. Con carácter previo a la elaboración de un proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento, las Administraciones sustanciarán una consulta pública a través de su portal web con el fin de recabar la opinión sobre:

• A.La identidad de los redactores del borrador
• B.Los posibles problemas que se pretenden solucionar con la nueva norma✓
• C.El coste económico exacto de cada artículo previsto
• D.La fecha exacta de entrada en vigor de la norma

Justificación: La consulta pública previa debe recabar opinión sobre los problemas que se pretenden solucionar, la necesidad y oportunidad de su aprobación, los objetivos de la norma y las posibles soluciones alternativas. · Art. 133.1

5. ¿En qué caso podrá prescindirse del trámite de consulta, audiencia e información públicas en la elaboración de normas reglamentarias?

• A.Cuando se trate de normas presupuestarias o de carácter organizativo✓
• B.Cuando afecte a más de tres Ministerios simultáneamente
• C.Cuando la norma tenga un rango superior al de Orden Ministerial
• D.En ningún caso, son trámites preceptivos e insubsanables

Justificación: La ley permite prescindir de estos trámites en el caso de normas presupuestarias, organizativas o cuando concurran razones graves de interés público debidamente justificadas. · Art. 133.4

6. Cuando una norma afecte a los derechos e intereses legítimos de las personas, el centro directivo competente publicará el texto en el portal web correspondiente con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados, por un plazo no inferior a:

• A.5 días hábiles
• B.10 días naturales
• C.15 días hábiles✓
• D.30 días hábiles

Justificación: El trámite de audiencia e información pública debe realizarse por un plazo mínimo de 15 días hábiles, que puede reducirse a 7 días en supuestos de tramitación urgente. · Art. 133.2

7. El principio por el cual las Administraciones Públicas deben evitar cargas administrativas innecesarias o accesorias y racionalizar la gestión de los recursos públicos se denomina:

• A.Principio de transparencia
• B.Principio de seguridad jurídica
• C.Principio de eficiencia✓
• D.Principio de necesidad

Justificación: El principio de eficiencia establece que la iniciativa normativa debe evitar cargas administrativas innecesarias y racionalizar la gestión de recursos públicos. · Art. 129.6

8. Según la Ley 39/2015, los reglamentos y disposiciones administrativas no podrán vulnerar la Constitución ni las leyes, pero ¿pueden tipificar delitos?

• A.Sí, si existe una delegación legislativa previa
• B.No, las disposiciones administrativas no pueden tipificar delitos, faltas o infracciones penales✓
• C.Solo si se trata de reglamentos ejecutivos de leyes orgánicas
• D.Sí, siempre que las penas sean únicamente de multa económica

Justificación: Las disposiciones administrativas no podrán tipificar delitos, faltas o infracciones penales, ni establecer penas o medidas de seguridad, materias reservadas a la ley penal. · Art. 128.2

9. ¿Qué ocurre con una disposición administrativa que establezca penas o medidas de seguridad, o que vulnere lo establecido en una Ley?

• A.Es anulable
• B.Es nula de pleno derecho✓
• C.Es válida si el órgano que la dicta tiene competencia
• D.Debe ser ratificada por el Congreso para evitar su nulidad

Justificación: Son nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, o las que establezcan penas. · Art. 128.3

10. Para que una disposición reglamentaria produzca efectos jurídicos, es requisito imprescindible:

• A.Su notificación individualizada a los interesados
• B.Su publicación en el diario oficial correspondiente✓
• C.Su aprobación por el Consejo de Estado
• D.Su comunicación previa a la Comisión Europea

Justificación: Para que produzcan efectos jurídicos, las disposiciones administrativas habrán de publicarse en el diario oficial correspondiente (BOE, Boletín de la CC.AA. o de la Provincia). · Art. 131

11. En el marco de la evaluación normativa, las Administraciones Públicas revisarán periódicamente su normativa vigente para adaptarla a los principios de buena regulación y para:

• A.Aumentar la recaudación tributaria indirecta
• B.Comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos de las normas✓
• C.Crear nuevos órganos administrativos de control
• D.Sustituir todas las leyes por reglamentos ejecutivos

Justificación: La evaluación normativa periódica busca comprobar si las normas han conseguido los objetivos previstos y si estaba justificado el coste y las cargas impuestas. · Art. 130.1

12. Si una Administración decide no realizar la consulta pública previa argumentando 'razones graves de interés público', ¿qué requisito adicional exige la Ley 39/2015?

• A.Que el informe del órgano consultivo sea favorable
• B.Que dichas razones sean debidamente justificadas en el expediente✓
• C.Que se publique un extracto de la norma en el portal de transparencia antes de 24 horas
• D.Que la norma tenga una vigencia limitada de un máximo de seis meses

Justificación: La ley permite omitir los trámites de consulta y audiencia por razones graves de interés público, siempre que estas razones estén debidamente justificadas en el expediente de elaboración. · Art. 133.4